*Democracia Social frente a la
Dictadura*
*Luis Ugalde*
La justa rebelión contra los gobiernos tiránicos es una doctrina católica
milenaria y un derecho humano fundamental. La justificación ética base de todo
gobierno es su condición de medio necesario para lograr el bien común.
Por eso, cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del
conjunto de los ciudadanos y los agrede con un gobierno de creciente pobreza,
corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es
dictadura. Hace mucho tiempo que era clara la condición dictatorial del régimen
imperante en Venezuela, pero las desvergonzadas decisiones de la semana pasada
para impedir el revocatorio presidencial, ponen en evidencia un radical
atentado contra la democracia social venezolana.
Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines de nuestra
democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los viola el Ejecutivo
apoyado en el uso servil del poder judicial, electoral y de la fuerza armada:
Ya no estamos en “un Estado democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay
“preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el
gobierno no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad y la democracia", sino a imponerse y mantenerse en
el poder ( Const. art. 2).
En consecuencia este régimen atenta contra los fines esenciales del Estado
democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de la persona y el
respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo”( Const. art.3).
Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación: salir
del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano fundamental, aunque no
esté escrito en ninguna parte. Pero en Venezuela además está recogido en el
artículo 350 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá
cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (art.
350). En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de colaborar
en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (art. 333). Por si alguien
tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de demostrarnos su condición
dictatorial y recordarnos nuestra obligación de desconocer sus decisiones
antidemocráticas y cambiar el régimen.
Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y valor para
salir de la dictadura. Todos los demócratas y muy especialmente sus
representantes de la Asamblea Nacional y los líderes políticos deben caminar
decididos y unidos al rescate de la democracia. Tiene especial responsabilidad
la Fuerza Armada en el restablecimiento de la democracia. El régimen
venezolano es un escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las
instancias democráticas. Que nadie espere que la Iglesia actúe con neutralidad equidistante
entre dictadura y democracia.
Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción
económica, social, política y moral del país, con un gobierno de salvación
nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto que incluya todas
las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y reconstruir no habrá
democracia social. Bloquearlo sería un suicidio para los demócratas, como lo
sería ser ingenuos ante el cinismo dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y
a los venezolanos en esta hora de definiciones y de renacer de una democracia
social que supere la pobreza y la exclusión.
Caracas, jueves 27 de
octubre de 2016
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