SENTENCIA DE LA CIJ (DR. ALVARO ROTONDARO GÓMEZ)
Desde todo punto de vista resulta incomprensible la decisión de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), en la que considera inadmisible la excepción
preliminar planteada por el Estado venezolano, con lo cual avanza el juicio sobre el
fondo de la demanda de Guyana a Venezuela por el Esequibo.
En efecto, la primera obvia crítica de esa decisión se desprende del artículo 34 del
Estatuto de la CIJ, relativo a la competencia d la Corte, que textualmente dispone
que: “l. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte.
2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá
solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos
que se litiguen ante la Corte, y recibirá la información que dichas organizaciones
envíen a iniciativa propia.”
En consecuencia, después de la lectura de este artículo, indefectiblemente tenemos
que preguntarnos ¿Venezuela es un Estado en el cual funciona el Estado de
Derecho o es una tiranía representante de las mafias del crimen organizado
internacional, cuyo régimen está desconocido por más de cincuenta naciones, en
las cuales verdaderamente impera el Estado de Derecho?.
La respuesta es obvia y por supuesto, esa sentencia seria nula de nulidad absoluta,
debido a que la Corte en su proceso obligatorio de aplicar previamente a la
sentencia la jurisdicción de juez instructor y solicitar las informaciones necesarias
sobre los hechos relativos al caso, de conformidad con el ordinal 2. Del artículo 34,
antes referido y sobre todo a la ONU, en virtud de que dicha CIJ, de conformidad
con el artículo 1 del citado Estatuto, es el órgano judicial principal de las Naciones
Unidas, el cual a la letra dispone que: Artículo 1.- LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA establecida por la Carta de las Naciones
Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituída
y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto.
La Corte conoce sin lugar a dudas este hecho notorio que nos permitimos resumir a
continuación:
Ciertamente, cuando el viaje que hizo Chávez el viaje a Georgetown para
complacer al tirano Csatro, en el año 2004, marcó un cambio en la postura que
históricamente había mantenido Venezuela cuando declaró que: “YO ME HE
COMPROMETIDO CON EL PRESIDENTE JAGDEO Y CON GUYANA.
PRIMERO QUE EL GOBIERNO VENEZOLANO NO VA A OPONERSE A
NINGÚN PROYECTO EN ESTA REGIÓN QUE VAYA EN BENEFICIO DE
SUS HABITANTES; BENEFICIO DIRECTO COMO ME DECÍA EL
PRESIDENTE, COMO ES UN PROYECTO DE AGUA, VÍAS DE
COMUNICACIÓN, ENERGÍA, PROYECTOS AGRÍCOLAS. Y SEGUNDO
DURANTE EL SURGIMIENTO DE CUALQUIER PROYECTO MÁS
SENSIBLE, INMEDIATAMENTE NOS ACTIVAMOS AMBOS PARA
CONVERSARLO EN LA COMISIÓN BINACIONAL DE ALTO NIVEL Y
BUSCARLE VIABILIDAD“, DECLARÓ CHÁVEZ EL 19 DE FEBRERO DE
2004 EN UNA RUEDA DE PRENSA CONJUNTA CON EL PRESIDENTE DE
GUYANA, BHARRAT JAGDEO.¨
En el supuesto negado que la CIJ hubiese considerado que Venezuela en esa época
era una nación con un Estado de Derecho debidamente estructurado, Chávez como
presidente no podía comprometer al Estado mediante una declaración unilateral
toda vez que pese a su investidura no estaba autorizado en este caso a comprometer
al Estado mediante un acto unilateral, debido a que la Constitución venezolana
expresamente exige la aprobación y ratificación para los acuerdos y tratados
internacionales de la Asamblea Legislativa como expresión inequívoca de la
intención del Estado, tal como lo dispone su artículo 154 que textualmente
dispone que “Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la
Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la
República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o
perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios
expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones
internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo
Nacional.”
Esta disposición constitucional está en concordancia con el artículo 10 ejusdem, el
cual consagra que “El territorio y demás espacios geográficos de la República son
los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la
transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones
resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.”
Llegados a este punto, no podemos dejar pasar por alto, los resultados de la
traidora actuación de Chávez en esa oportunidad, en virtud de que la misma fue
aprovechada por el manipulador del gobierno noruego Dag Nylander cuyo fracaso
como mediador llevó la reclamación del Esequivo a la Corte Internacional de
Justicia, para favorecer los intereses petroleros de Noruega y Guyana y quien
¨coincidencial mente¨, es el mismo que está dirigiendo la Negociación en Mexico,
entre el Régimen y la ¨oposición oficial” y el mismo que dirigió la negociación en
Cuba, llevada a cabo por Juan Manuel Santos y los jefes de Las FARC, que
permitió convertir a los asesinos de las FARC en políticos, con privilegios
diversos, hasta con cargos en el Congreso de Colombia.
En conclusión, por las razones expuestas, la citada decisión de la Corte estaría
viciada de nulidad absoluta, lo cual la cualifica de ilegítima e ilegal, sin efectos
para Venezuela que ha insistido en la solución pacífica de la controversia, de
manera práctica y mutuamente satisfactoria, es decir, por medios no
jurisdiccionales distintos al arreglo judicial..
DR ALVARO ROTONDARO GÓMEZ
ABOGADO
CONSTITUCIONALISTA
INTERNACIONALISTA
