Venezuela, 16 de mayo del 2026
Excelent铆sima
Tania Reneaum Panszi
Secretaria Ejecutiva de la
Comisi贸n Interamericana de
Derechos Humanos
Washington, D.C.
Su Despacho.-
Yo,
脕lvaro Rotondaro G贸mez,
de nacionalidad venezolana, casado, abogado, titular de las C茅dula de Identidad
venezolana No. 1.755.707; y con domicilio procesal en el Edificio Mirador
Plaza, entre las avenidas Mero y S谩balo, Torre C; Apartamento C-4 del Distrito
Maneiro del Estado Nueva Esparta, Pampatar, Venezuela; procediendo en este acto
en mi propio nombre, ante usted con el debido respeto, ocurro y expongo:
Como
es de su conocimiento, el derecho al trabajo est谩 considerado un Derecho Humano
indispensable para ganarse dignamente el sustento diario para la vida de una
persona, mediante su libre elecci贸n de la profesi贸n escogida, trascendental
aforismo este consagrado expresamente en el art铆culo XIV de la Declaraci贸n Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre que a la letra prescribe: “Art铆culo XIV.- Toda persona tiene derecho al
trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocaci贸n, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de
empleo”; y en el art铆culo 23 de la Declaraci贸n Universal de los Derechos
Humanos, al establecer textualmente:”Art铆culo 23.-1. Toda persona tiene derecho
al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.”
Asimismo, estas normas est谩n convalidadas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando dispone en su pre谩mbulo
que”…..Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando
que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles
y políticos, y….”; mandatos expuestos en varios art铆culos de esta ley.
Ahora
bien tal como me identifiqu茅 ut supra, soy abogado de profesi贸n desde hace 58 a帽os
y debido a la ruptura del Estado de Derecho, provocada por el secuestro
ejecutado por este r茅gimen representante del crimen organizado internacional,
me ha sido imposible ejercer mi profesi贸n, con las consecuencias nefastas, para
sustentar mis necesidades diarias de subsistencia m铆as y de mi n煤cleo familiar,
ya que el Poder Judicial, como parte del r茅gimen plagiador, est谩 conformado por
delincuentes, como es el caso de Maikel Moreno, quien siendo funcionario de la Direcci贸n de los
Servicios de Inteligencia y Prevenci贸n (DISIP) en 1987 es acusado por un homicidio en Ciudad Bol铆var, saliendo en libertad dos a帽os despu茅s. En
abril de 1989 vuelve a servir como oficial de segunda en la DISIP cumpliendo
funciones como escolta del presidente Carlos Andr茅s
P茅rez durante
su segundo mandato. Ese mismo a帽o, seg煤n el expediente 552755,
Moreno particip贸 en el asesinato de Rub茅n Gil M谩rquez un estudiante de 19
a帽os,[ esta vez en Caracas. En 1990 obtiene un segundo beneficio
procesal, obteniendo un cargo como secretario de un juzgado en la ciudad de
Caracas, sin volver a la DISIP. Tras graduarse como abogado, es nombrado como
asesor ad honorem de la subcomisi贸n permanente de drogas de la Asamblea
Nacional entre
2001 y 2002 y juez suplente especial de primera instancia del circuito judicial
penal del estado Delta
Amacuro. Maikel
Moreno se desempe帽贸 como profesor en el Instituto Universitario de Tecnolog铆a
Industrial Rodolfo Loero Arismendi desde 2001 hasta 2004 y en la Universidad
Santa Mar铆a desde 2005.Mientras ejerci贸 en el juzgado de primera y como juez en
la corte de apelaciones del circuito judicial penal del 谩rea metropolitana de
Caracas entre 2002 y 2005, dict贸 la privativa de libertad contra Iv谩n Simonovis y autoriz贸 su detenci贸n por un tiroteo en
Caracas el 11 de abril de
2002; fue
acusado por la defensa de Simonovis ante el Tribunal Supremo
de Justicia de
forjar actas y documentos procesales. Asumi贸 como abogado, la defensa del
concejal Richard Pe帽alver, uno de los cuatro acusados de haber
disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, y llev贸 el caso
contra la exsenadora Hayde茅 Castillo y su c贸nyuge, quienes fueron procesados,
siendo acusados de poseer explosivos C4, luego que el hijo de la pareja muriera en un
presunto enfrentamiento con la polic铆a en Plaza Venezuela, Caracas, y seg煤n la versi贸n policial estaba vinculado
a la muerte de Anderson.[7][8] Luis Vel谩zquez Alvaray exmagistrado dijo que investig贸 una
llamada telef贸nica en la que otro juez de Caracas, Luis Mel茅ndez, en un caso
separado, grab贸 a Moreno presuntamente presion谩ndolo para que libere a Sa煤l
Cordero, un sospechoso de traficar armas y droga en 2004. El 28 de
diciembre de 2014 fue juramentado como magistrado de la sala de casaci贸n penal
del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, ratificando la
sentencia contra Leopoldo L贸pez durante su ejercicio. Tambi茅n fue primer
vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente de la sala de casaci贸n penal
por la sala plena en 2015 y ejerci贸 la presidencia del Tribunal Supremo, hasta
hace pocos d铆as. Igualmente el 19 de mayo de 2017, el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos sancion贸 a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala
Constitucional por considerar que hab铆an usurpado las funciones de la Asamblea
Nacional y que permitieron al presidente Nicol谩s Maduro gobernar a trav茅s de un decreto de emergencia.
Entre las sanciones estuvieron la congelaci贸n de todos los bienes que los
sancionados pod铆an tener en Estados Unidos, la prohibici贸n para ciudadanos e
instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacci贸n con
ellos y la prohibici贸n de entrada al pa铆s..
Asimismo,
es de hacer notar, que la mayor铆a de esos jueces y Magistrados, no cumplen con
los requisitos exigidos para poder optar a ser jueces o Magistrados , como son
el tiempo de graduados y/o el servicio en los tribunales y los doctorados
obtenidos, en vista de que la peor devastaci贸n que hemos sufrido en nuestro pa铆s,
ha sido la educativa y sobretodo la de los principios morales y 茅ticos que han
sido nuestros usuales derroteros. Por ejemplo, la UCAB que siempre hab铆a sido
un paradigma de esos principios, pero inexplicablemente, el padre Arturo Peraza
S.J. rector de la UCAB y Monse帽or
Biord canciller de la misma, cometieron
el craso e inaceptable desacierto de aceptar al hijo del
criminal usurpador Nicolas Maduro, Nicol谩s Ernesto Maduro Guerra, a
cursar un doctorado en Ciencias Econ贸micas en la Universidad Cat贸lica Andr茅s
Bello (UCAB), en Caracas, bajo condiciones irregulares y con privilegios
in茅ditos para un estudiante.
Maduro Guerra, sancionado desde 2019 por
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su
participaci贸n en el r茅gimen de su padre, figura en los registros internos de la
UCAB como estudiante del programa doctoral. Seg煤n documentaci贸n divulgada por
el periodista Orlando Avenda帽o, su inscripci贸n se produjo gracias a una excepci贸n
especial aprobada por el rector, el jesuita Arturo Peraza, y el director del
doctorado, Luis Morales, contraviniendo las normas internas de la instituci贸n.
Las capturas del sistema acad茅mico de la
UCAB muestran que Nicol谩s E. Maduro Guerra ha cursado asignaturas como
Econometr铆a Avanzada y Seminario de Investigaci贸n, sin haber reprobado ninguna
materia. Sin embargo, lo m谩s
pol茅mico es que recibe clases privadas en su
residencia, a donde se desplazan los profesores, en violaci贸n directa del
reglamento del doctorado, que exige presencialidad y equidad acad茅mica entre
todos los estudiantes.
De acuerdo con la informaci贸n difundida,
Maduro Guerra pag贸 por adelantado la totalidad del programa —unos
11.700 d贸lares—, un privilegio
inusual en un pa铆s donde los docentes universitarios ganan entre 1 y 8 d贸lares
mensuales. La brecha entre el lujo del alumno y la precariedad del profesorado
ha generado indignaci贸n entre la comunidad acad茅mica y los
exalumnos, que consideran el caso un reflejo de la desigualdad y la degradaci贸n
moral que atraviesa el pa铆s.
El esc谩ndalo estall贸 tras la publicaci贸n
del periodista Orlando Avenda帽o en la red social X, quien afirm贸 que la UCAB «permiti贸 violar su reglamento» para admitir al hijo del dictador. La
periodista Nitu P茅rez Osuna fue m谩s all谩, denunciando que «la UCAB
perdi贸 el rumbo moral» y llamando a «liberarla» de la cooptaci贸n chavista.
Hasta el momento, la universidad no ha
emitido ninguna declaraci贸n oficial. El silencio institucional contrasta con la
ola de indignaci贸n p煤blica, especialmente entre estudiantes y profesores que
recuerdan que la UCAB —gestionada por la Compa帽铆a de Jes煤s— ha sido
hist贸ricamente un basti贸n de pensamiento cr铆tico y resistencia democr谩tica.
Por todas estas
razones, con mucho respeto le solicitamos, que en virtud de los art铆culos
8,,23,24 y 25, de la Convenci贸n Americana de los Derechos Humanos, y 6 del
Protocolo de San Salvador; y a la firma del acuerdo de colaboraci贸n de la CIDH
y la Corte Penal Internacional, se sirva proceder a iniciar los juicios
correspondientes por cr铆menes de Lesa Humanidad a que hubiere lugar, en contra
de los autores de los mismos del r茅gimen opresor y que han sido se帽alados
en infinidad de oportunidades.
脕lvaro Rotondaro G贸mez,
Abogado Litigante
Constitucionalista
Internacionalista
