Venezuela: Misión de la ONU indica que las
autoridades cometieron violaciones
graves de los derechos humanos
IRIN/Helena Carpio |
Archivo: Manifestantes en La Castellana, un barrio del este de Caracas.
16 Septiembre 2020 Derechos
humanos
Los integrantes de la Misión* señalan que el
Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y
torturas e impedir que se produzcan nuevos actos
La Misión, encargada de investigar las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las
torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014,
publicó este miércoles su informe sobre 223 casos indagados.
Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la
ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además
de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19.
Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas,
testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de
organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos
conMdenciales.
Posibles crímenes de lesa humanidad
El estudio identiMca “patrones
de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas
del Estado” y añade que “parte de un curso de
conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo
así crímenes de lesa humanidad”.
Los responsables del análisis indicaron que las autoridades
estatales de alto rango “tenían
y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los
organismos de inteligencia identiMcados en el informe como responsables de esas
violaciones”.
Además señala que
tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa
estaban al tanto y que “dieron órdenes,
coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas
en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han
planiVcado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos
humanos, algunas
de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de
la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas,
presidenta de la Misión.
Añadió que “lejos
de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y
cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el
conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del
gobierno”.
Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad
La Misión investigó dieciséis
casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que Mnalizaron con 53
ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552
incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las
fuerzas de seguridad,
El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el
CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período
analizado y dice que también
cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Los expertos desatacan que “las
FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de
seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.
Detención y tortura por motivos políticos
El estudio de la participación de los servicios de
inteligencia estatales concluye que el objetivo del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) era identiMcar “a la
disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros
hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno”, mientras que
el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal
militar y los civiles asociados presuntamente implicados en rebeliones o
intentos de golpe de Estado.
Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario
oMcial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oMciales y en algunos casos se acusó a las
víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso,
apunta el informe
Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias,
desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una
estrategia para silenciar a la oposición.
Cox añadió que “los
comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la
DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes,
que a menudo ocurrían en los mismos ediMcios donde trabajaban. La Misión ha
registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM
directamente responsables que deben ser investigados y procesados”.
El poder judicial, en tela de juicio
Por último, el estudio también
cuestiona la intervención del poder judicial venezolano que no logró controlar
a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la inkuencia política indebida ha
obstaculizado la independencia judicial”.
“Las
violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las
autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas,
eVcaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las
violaciones y los crímenes, haciendo
que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas
deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Valiñas.
*La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre
la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas
(presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución
42/25, del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su
mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las
desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.
Estos crímenes de
Lesa Humanidad, cometidos por los funcionarios
del criminal régimen, fueron constatados y verificadas las evidencias de
los mismos, por constituir unos hechos notorios irrefutables, por la Misión
Independiente de la ONU en los ocho informes que ut infra le remarco:
Primer informe (2020)
El 17 de septiembre de 2020 la Misión Internacional publicó un
reporte de cuatrocientos cuarenta y tres folios y más de 250 entrevistas a las
víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y
Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los
servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa
humanidad, describiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde
2014.[30] [31] [32] [33] El 5 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó
una resolución que extendió el mandato de la Misión por dos años más.[34]
Segundo informe (2021)
El segundo informe de la Misión se publicó el 16 de
septiembre de 2021 y documenta el papel del sistema judicial venezolano en la
comisión de violaciones a los derechos humanos.[35]
Tercer y cuarto informe (2022)
La Misión entrega el tercer informe el 26 de
septiembre de 2022 fundamentadas en 246 entrevistas confidenciales. El Consejo
de Derechos Humanos de la ONU renueva por dos años más la
Misión Internacional. La Misión también publicó un informe el mismo día en el que documenta
las violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco,
privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos
corporales y violencia sexual y de género.
El 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos volvió a renovar el mandato de
la Misión por dos años más.[36] [37] [38]
El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó
una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión
Internacional Independiente. La resolución también
prorroga el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, que tiene presencia en Caracas. Fue patrocinada conjuntamente por
cerca de 50 países y se aprobó con 19 votos contra 5, y 23 abstenciones.[39] El gobierno venezolano rechazó el tercer
informe presentado el 26 de septiembre pasado.[40]
Quinto y sexto informe (2023)
El 20 de septiembre de 2023 la Misión publica su quinto
informe, en el que detalla la intensificación de las violaciones a los Derechos
Humanos.[41] [42] En febrero de 2024 el gobierno de Maduro ordenó
el cese del funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos en Venezuela, ordenando la expulsión de 13 funcionarios de que operan
en Caracas en un plazo de 72 horas, al considerar que la institución ha «instrumentalizado» su funcionamiento en contra del gobierno. Esto
sucedió después de que Michael Fakhri, relator especial de la
ONU sobre el derecho a la alimentación, asegurara que el gobierno le impidió visitar
centros de detención y que cambiaron constantemente su agenda durante su visita
de dos semanas a Venezuela.[43] y también con relación a su opinión de la detención de
su libertad a la activista
de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel,
Maduro acusó a la
organización de convertirse en "el bufete particular" de un
"grupo de golpistas y terroristas". La oficina fue instalada en 2019
cuando Michelle Bachelet ocupaba esa posición.[44] El 21 de marzo de 2024 la presidenta Marta
Valiñas presentó un
informe oral de quien concluyó que el gobierno continua cometiendo graves
violaciones de los derechos humanos.[45]
Séptimo informe (2024)
El 17 de septiembre de 2024 la Misión presentó un
informe sobre los sucesos postelectorales de julio, que las autoridades
venezolanas llevaron de manera “consciente
y planificada” acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición. Valiñas expresó: «Estamos
presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta
a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia». La Misión
obtuvo información sobre la detención de 158 menores (130 niños y 28 niñas),
donde se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos a las que el
gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes. Pudo confirmar que
24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría
en el cuello. Describió la operación denominada “Tun Tun” aplicada en los Barrios,
así como «Los métodos
de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes
con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales.» Finalmente la Misión
expresó que «Los principales poderes públicos abandonaron
toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo». Patricia Tappatá leyó una
parte del informe:“Los métodos de tortura utilizados en los casos
investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates
envueltos en espuma, y descargas eléctricas,
incluidos en los genitales. Otros métodos
registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y
privación de sueño a través de
iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día”[46] El 2 de diciembre, durante su visita a
Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan le pidió a las autoridades
venezolanas que permitir que se reactivara la oficina técnica
del Alto Comisionado en el país, lo cual habían
prometido anteriormente por escrito. Al día siguiente el gobierno
venezolano afirmó que la reactivación se concretó en
noviembre.[47] [48]
El 18 de marzo de 2025 la Misión determinó en una actualización
que Venezuela continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o
percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos
y periodistas. Durante la exposición Marta Valiñas, presidenta de la Misión expresó "Este es el mismo patrón de actuación
que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa
humanidad". Francisco Cox detalló
que al menos 150 personas extranjeras fueron acusadas de participar en
conspiraciones contra el Gobierno, "Los esfuerzos diplomáticos para
intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno
de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional". Patricia Tappatá
denunció sobre
una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en
la que murieron siete personas.[49]
Octavo informe (2025)
En septiembre de 2025 la Misión
presentó su
octavo informe comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El
informe sostiene que la represión por parte del gobierno posterior a las
elecciones presidenciales representa la continuación de un plan decidido a
suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal. Hizo referencia a
las detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, violaciones sexuales,
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, demoras en la presentación,
coaccion, extorsión, desapariciones forzadas y muertes, registraron 220
detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y
11 personas cuyo género no pudo determinarse,
la Misión registró 25 muertes durante el periodo postelectoral,
donde documentaron cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos
relacionados con negligencia estatal y falta de atención médica
bajo el pretexto de supuestas protestas.[50]
En octubre desde la ONU el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas adoptó una resolución para extender por dos años
hasta el 2026 el mandato de la Misión Internacional Independiente de
determinación de los hechos sobre Venezuela. La resolución también pide a la Misión que investigue la represión
tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, incluyendo la violencia de
los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”. Human Rights
Watch recibió reportes creíbles de 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes, e identificó evidencia que vincula a
las fuerzas de seguridad y los “colectivos”
con varios de estos asesinatos. Human Rights Watch pide a la Unión Europea y el
gobierno de Estados Unidos deberían seguir utilizando su influencia, incluyendo
las sanciones individuales, para presionar al gobierno de Maduro.[51]
